Habitualmente
leemos en los medios de comunicación que determinadas acusaciones relativas a
hechos delictivos quedan sin investigar ni juzgar por encontrarse éstos prescritos,
afirmación ésta que suele generar indignación, al crearse una imagen de impunidad del presunto delincuente,
especialmente en el ámbito tributario y político.

Ciertamente,
resulta difícil comprender por qué un delincuente puede quedar impune por el
mero transcurso de un lapso de tiempo, pero lo cierto es que la institución de
la prescripción delictiva tiene su razón de ser y su justificación, de forma
que el problema no se encuentra tanto en la existencia de esos plazos de
prescripción como en la inactividad de la Justicia (causada en muchos casos por
la falta de medios) que permite su transcurso. Por ello resulta necesario
acercarse al concepto de la prescripción y responder a las preguntas como qué
es exactamente la prescripción y cómo funciona.


Concepto.

La
prescripción de los delitos supone la extinción de la responsabilidad criminal
por el mero lapso del plazo fijado por la ley. Ello significa que, pese a que
estuviese plenamente acreditada la perpetración de un hecho delictivo y la
autoría y la culpabilidad de una determinada persona, no podría condenarse a su
autor, lo que impone a jueces y tribunales la obligación de sobreseer las
actuaciones tan pronto como se aprecie la existencia de prescripción.

Plazo de
prescripción de los distintos delitos.


20
años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.


15
años cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10
años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.


10
años cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por
más de cinco años y que no exceda de 10.


5
años los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injuria y calumnia,
que prescriben al año.


No
prescriben los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (salvo los
castigados en el artículo 614 CP), así como tampoco los delitos de terrorismo,
si hubieren causado la muerte de una persona.

Funcionamiento
y cómputo de los plazos

Los términos previstos en el artículo
precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción
punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las
infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán,
respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que
se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los
delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y
contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima
fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de
la fecha del fallecimiento.

Ahora bien, para que se produzca la
prescripción no basta con el mero transcurso del tiempo, sino que tiene que
coadyuvar la inactividad de la Justicia, dado que la prescripción se
interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el
procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del
delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento
o termine sin condena.

La prescripción se puede dar, por lo
tanto, en dos momentos distintos: inicialmente, desde la comisión del hecho
hasta el descubrimiento del delito y el inicio de las diligencias penales; o,
una vez iniciada la vía penal, cuando se produzca una paralización injustificada
de las actuaciones.

Justificación y
finalidad.

Sentado todo lo anterior, puede parecer
discutible que una acción delictiva quede impune por el mero transcurso del
tiempo y la inactividad de la justicia, pero ello se debe a la necesidad de
primar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente al ius puniendi del estado (potestad sancionadora), de forma que no se
permita a éste mantener sobre el ciudadano indefinidamente la amenaza de la
condena.

El propio Tribunal Constitucional reconoce
en el Fundamento Jurídico nº 11 de la Sentencia 29/2008 que el fin de la
prescripción es servir al valor de «la
seguridad jurídica, evitando una pendencia sine die de la amenaza penal sobre
aquéllos a quienes pueda considerarse implicados en un delito. […] la
prescripción de la infracción penal, institución de larga tradición histórica y
generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius
puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamentos en
principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de
la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate
indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal,
lo que ha de ponerse en conexión también con el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas ( STC 17/1983 )”
.