¿Son
legales todas las comisiones bancarias? ¿Cómo impugnar el cobro de una comisión
ilegal?

El
cobro de comisiones por los más variados conceptos es práctica habitual de las
entidades bancaria y cajas de ahorro, por lo que comúnmente, bien
sea por desconocimiento de sus derechos o por el complejo de inferioridad que
el usuario suele tener respecto a la entidad bancaria, se acepta por el
cliente de la entidad de crédito sin poner en cuestión su validez y legalidad. Pero, ¿estamos realmente indefensos ante la actuación de
entidades tan grandes y poderosas? ¿puede un simple particular plantar cara a
su banco?

Aun
partiendo de la posibilidad de las entidades de crédito de establecer y cobrar
comisiones por determinados servicios, hemos de plantearnos si son válidas y
legales todas las comisiones que establezca la entidad y, de no ser así, dónde
está el límite y qué criterios o parámetros puedo utilizar para determinar su
legalidad.

Pues
bien, para analizar tal cuestión ha de partirse de lo dispuesto en la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios, norma de la que se extraen los siguientes principios o
reglas aplicables en materia de comisiones bancarias:

Principio de libertad en la fijación de las comisiones, con límites
cuantitativos y cualitativos.

Principio de voluntariedad o aceptación, quedando prohibidas las
comisiones no aceptadas o solicitadas en firme por el cliente.

Principio de efectividad, que establece como criterio básico para
enjuiciar la licitud del cobro de comisiones el que éstas respondan a servicios
efectivamente prestados.

Necesidad de la publicación de las comisiones aplicables, de forma
clara, completa y fácilmente comprensible
.

Reconociendo, pues, de la
posibilidad de pactar el cobro de comisiones, éstas sólo podrán gravar
servicios solicitados expresamente por el cliente y sólo serán válidas si,
estando publicadas en términos claros y comprensibles, el banco puede acreditar
que obedecen a un verdadero servicio prestado y no a un mero apunte contable.

Sobre esa base, los tribunales han
declarado en múltiples ocasiones nulas determinadas comisiones, como las
cobradas por disposición de efectivo en tarjetas de crédito, comunicación de posiciones deudoras vencidas,
retraso en el pago de una cuota de
préstamo, descubierto en
cualquier tipo de cuenta y devolución de
efectos comerciales, talones,
pagarés y recibos,
dado que no obedecían realmente a una actividad remunerable por parte de la
entidad bancaria.

En este sentido se ha expresado
reiteradamente la Jurisprudencia menor, pudiendo citar, entre otras, la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 2ª), de 3 de Abril de 2000, en
la que se determina que “con
independencia de la comunicación al cliente, el cobro de cualquier comisión
está legitimada o por lo menos tiene una consistencia si es como consecuencia de
unos concretos servicios prestados y en proporción a los mismos, y por mucho
que se anuncie, si no responde a efectivos servicios que deben ser remunerados,
pierde la causa la reclamación y el derecho a exigir una cantidad: con ello y
puesto que el banco en ningún momento de su contestación refiere gastos,
actividades que esa devolución le haya exigido efectuar y mucho menos que
exista proporción entre lo efectuado y lo que se pretende cobrar, llevan a
confirmar la sentencia”.

Igualmente la Sentencia de la
sección 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de Marzo de 2004: “El problema no ha recibido una respuesta
unánime en la jurisprudencia menor, si bien la opinión se inclina por
considerar que las comisiones por devolución no pueden quedar amparadas en el
principio de libertad contractual consagrado en el art. 1255 CC, porque carecen
de causa que las justifique ex. Art. 1274 y 1275 CC, ya que, como señala la SAP
Sevilla 7 mayo 2001, con cita de la SSAAPP, Córdoba de 15/9/99, Jaén de
25/3/99, Cádiz de 28/4/99 y 30/6/99 y Madrid de 10/5/2000, el mero hecho de
comunicar por el Banco al descontarlo el impago del efecto no es un nuevo servicio ajeno al propio
contrato de descuento y cobro de efectos, que ya tiene su justa retribución en
las comisiones de gestión o de cobro, así como en el importante tipo de interés
del propio descuento. El servicio que se presta por la entidad bancaria es el
de la presentación al cobro de efectos, y ese ya ha sido remunerado, sin que la
simple operación material de devolverlo suponga un nuevo servicio, ya que forma
parte integrante de la gestión de cobro, según se razona en aquella. En el
mismo sentido se manifiesta la SAP Almería 9 septiembre 2.002, y éste es
también el parecer de este Tribunal, por lo que procede la estimación del
recurso en lo relativo a la comisión, debiendo el banco demandado reintegrar el
importe de la misma, al haberlo cobrado indebidamente”.

En parecidos términos se expresa
también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 9
Ene. 2009, rec. 561/2008: “Asimismo, respecto a las comisiones, […] se
hace necesario recordar que para que resulten exigibles al cliente es
presupuesto ineludible que se haya pactado expresamente su devengo, con
indicación de la tasa o índice repercutible, y que además respondan a la
prestación efectiva de un servicio o a la realización de una actividad
debidamente acreditada. Ninguno de estos requisitos se da en este caso, siendo
difícilmente explicable la razón de ser de las denominadas comisiones por
“anticipo efectivo”, “por demora” o “por reclamación del deuda”. En suma, su
reclamación es improcedente”.

No resulta conveniente, pese a todo, generalizar, ni puede
afirmarse tajantemente y de manera objetiva la nulidad de una determinada comisión
, sino que ha de analizarse cada supuesto concreto a la
luz de los principios y criterios expuestos.

Sentado esto, el particular cuenta
con una doble vía para reclamar la devolución de las comisiones indebidamente cobradas: o bien
interponer la correspondiente demanda ante los tribunales, o presentar una reclamación ante el Banco de
España, procedimiento este que, con menor coste que el de la reclamación
judicial, no excluye ésta ni impide su interposición a posteriori, por lo que
podría ser recomendable agotar dicha vía con carácter previo a la interposición
de la demanda.

En un posterior artículo
explicaremos detenidamente el procedimiento de reclamación ante el Banco de
España.

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